A propósito de un posible triunvirato en Fiscalía

Hace unos días —a través de una legisladora oficialista— se supo que el presidente de la República respaldaría la creación de un triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación. Una idea nacida en el seno de un grupo de legisladores del Gobierno, que nunca ocultaron su malestar ante decisiones de fiscales que actuaban en el marco de su independencia técnica.

En definitiva, esta idea es consecuencia de una posición política que nace desde un cuestionamiento peligroso y profundamente antirepublicano.  

Si es cierto lo que afirma la legisladora —de que el presidente de la República, ahora, respalda esta idea— sorprende el cambio de parecer de Lacalle. Sorprende aún más, ya que casualmente es esta la Fiscalía que viene investigando al Gobierno, luego del escándalo perpetrado por un hombre de su confianza: el Sr. Astesiano. Una investigación que continúa y que suma graves denuncias de familiares directos de Astesiano, quienes afirman contar con elementos de fondo que involucrarían a importantes jerarcas en esta trama de corrupción.  

¿Será que ya no gusta tanto la independencia del sistema de Justicia? ¿Será que el Gobierno encontró intervenir la Fiscalía como solución a sus problemas de corrupción? Por lo pronto, resulta extraño que el Poder Ejecutivo no haya dado la cara hasta ahora y comunique el respaldo de la propuesta a través de una legisladora oficialista. Un tratamiento poco serio para un asunto importantísimo, que, de oficializarse, merecerá nuestro más contundente rechazo.

Un disparate, que además es peligroso

El calificativo de disparate no me pertenece a mí, sino al Dr. Leonardo Costa quien, en la Tertulia del programa En Perspectiva, se explayó en contra del triunvirato.  Para Costa, esta idea surge ante la imposibilidad del sistema político de ponerse de acuerdo para votar un Fiscal de Corte, ya que se necesitan 3/5 de votos, cosa que ningún partido ni coalición tiene. Entonces, se les ocurre crear este órgano colegiado denominado triunvirato. El Dr. Costa afirmó, además, que esto atenta contra su unidad de acción y que no existe una Fiscalía en el mundo con una integración plural.

Más disparatado es que se pretenda politizar las decisiones de la Fiscalía. Sorprende que quienes han expresado su preocupación por la politización de la Justicia (cosa que rechazamos enfáticamente) ahora allanen el camino para que eso termine ocurriendo. En este sentido, a contrapelo del mundo, se ignora el consenso que existe a nivel internacional acerca de los peligros que genera la interferencia o influencia política en el trabajo de las y los fiscales.

La Constitución es sabia y establece que para la designación del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación se necesita una votación de 3/5 del Senado. Se busca que su designación esté por fuera de los intereses político-partidarios, apostando a su profesionalismo y contando con un fuerte consenso que legitime sus decisiones. Bajo este razonamiento, lo que hace esta propuesta es distorsionar la voluntad constitucional, que busca evitar la politización de la Justicia.  

Según se supo, este triunvirato se conformaría con el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, a los que se sumarían dos fiscales letrados, designados por el Poder Ejecutivo —previa venia de la Cámara de Senadores— para desempeñarse durante el período de gobierno correspondiente. Luego de finalizado el período de gobierno, estos Fiscales Letrados —que fueron designados por el Poder Ejecutivo— reasumirían sus funciones anteriores, lo que abre una puerta para nuevos peligros: ¿Cómo podría actuar un fiscal que se desempeñó durante cinco años integrando un triunvirato (a propuesta de un partido político) y ahora vuelve a desempeñar funciones como fiscal? ¿Qué sucedería con su imparcialidad?

Por otro lado, esta politización en la designación del órgano de conducción de la Fiscalía General de la Nación es una propuesta que defienden, entre otros, quienes se han ocupado de sembrar, una y otra vez, la desconfianza en los operadores del sistema de Justicia y en el funcionamiento del Código del Proceso Penal (CPP).

Permanentemente aparecen en la prensa legisladores de la coalición multicolor atacando a la Justicia, lo cual es lamentable. Esto no significa que no se pueda cuestionar la decisión de algún fiscal en concreto, de hecho, todo ciudadano tiene derecho a discrepar. De hecho, yo me he manifestado públicamente en desacuerdo con decenas de decisiones de fiscales y jueces. Sin ir más lejos, hace poco me manifesté en contra de la decisión del fiscal Gilberto Rodríguez por el archivo de la causa del Puerto. Incluso, me animo a decir que debemos pensar modificaciones al CPP para mejorar ciertos aspectos que son perfectibles, pero atacar el sistema de Justicia pretendiendo politizarlo —desde la cabeza— a través de un triunvirato político, es un disparate.

¿A que le teme el gobierno?

Como hemos expresado, no existe ningún argumento técnico, basado en evidencia empírica, que justifique la creación de un triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación.

Aparentemente, lo que se busca es controlar un sistema que, a diferencia de lo que sucede en otros países, trabaja de modo independiente e imparcial; no lo hace sobre la base de preferencias políticas de los encargados de investigar, acusar y decidir si hay o no delito, sino sobre la base de los argumentos, las evidencias y las pruebas.

Visto lo que ha venido sucediendo con los escándalos de corrupción que involucran al Gobierno, ¿no será que le temen a un sistema de Justicia verdaderamente independiente? ¿Será que encontraron la forma de atar de pies y manos a la Justicia a través de este triunvirato? La respuesta la tienen ellos, pero sin duda parece muy sospechoso que desempolven esta propuesta justo cuando la Fiscalía los investiga de cerca.

Los legisladores debemos procurar respetar la independencia e imparcialidad del sistema de Justicia, tanto a través de sus expresiones como en el producto de la actividad legislativa, evitando generar descrédito, atacando la reputación de las instituciones y funcionarios, o promoviendo leyes como la del triunvirato, que le dan más control a la política y al Gobierno de turno sobre el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación.

Nos preocupan las consecuencias que puede llegar a tener la aprobación de un triunvirato designado según las preferencias del Poder Ejecutivo. Consecuencias negativas en la tarea de control que ejerce la oposición al Gobierno, legítima e inherente a la democracia; así como en el afianzamiento y cuidado de los partidos políticos y sus integrantes.

La independencia y la imparcialidad de la Justicia son pilares en un Estado de Derecho respetuoso de las garantías fundamentales. Las propuestas y proyectos deberían estar encaminados a fortalecer la independencia institucional y dotar de mayores recursos a la Fiscalía General de la Nación, al Poder Judicial, la Defensoría Pública, etc., limitando las injerencias del poder político de turno.

Por todo lo expuesto, esperamos que esta propuesta no se oficialice, ya que, de lo contrario, estaríamos transitando un camino pernicioso que degradará —aún más—nuestra institucionalidad democrática.

Charles Carrera Leal
Senador de la República
MPP - Espacio 609 | FRENTE AMPLIO