La política económica es la base principal que justifica el lugar donde estamos parados, que dicho sea de paso, no es nada alentador. En su evaluación y desempeño, no alcanza con considerar únicamente las variables macroeconómicas y conformarnos con eso. Sabemos muy bien que podemos estar teniendo buenos resultados macroeconómicos y sin embargo, la mayoría de la gente no percibirlos.

 

Vivimos un proceso de recuperación económica producto de la suba de los precios internacionales de los commodities, un verdadero viento de cola que algunos -incluso- han llegado a bautizar “huracán de cola”, dada su magnitud.

 

Sin embargo, sucede algo muy distinto a lo que pasaba durante los gobiernos frenteamplistas. La mejora económica del país no le llegó a la mayoría de los uruguayos y esto se debe a que solo una ínfima minoría es la que disfruta de la bonanza económica. Unos pocos privilegiados, los "malla oro".

 

La “mejora económica”, de la que habla la rendición de cuentas, ha venido acompañada de una fuerte reducción del gasto público materializada en la pérdida de salarios, pensiones y jubilaciones. ¿Cómo es posible que se viva peor y cueste llegar a fin de mes, cuando la economía mejora? La razón no es otra que la política económica llevada adelante por este gobierno y que se consagra en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

 

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, resultan contundentes. En nuestro país existen unas 380.000 personas que se encuentran bajo la línea de pobreza. Entre ellas, el 22,5% son niños y niñas menores de 6 años. ¿Cómo se explican estos números cuando se dice una y mil veces que la economía ha crecido? ¿Por qué aumentan la pobreza y la inflación si crece la economía?

 

Ajuste consolidado, derrame inexistente

 Si no existe voluntad política del gobierno para promover acciones desde el Estado, jamás podrá haber derrame. Si se decide no aplicar políticas redistributivas, por más crecimiento económico que exista, no beneficiará a las grandes mayorías. Así las cosas, los datos de pobreza y desigualdad de finales de 2021 publicados por el INE, nos muestran un país con mayor pobreza y más desigualdad si lo comparamos con 2019.

En este quinquenio se prevé que el PIB crezca un 10%, mientras que los salarios -con suerte- recuperarán el nivel de 2019. Esto no lo decimos  nosotros, es lo que reconocen desde filas del gobierno. Sin embargo, la realidad es que ni siquiera está garantizada la recuperación de los niveles salariales de 2019. Y no lo está porque dependerá de la voluntad política del gobierno y, a estar por sus antecedentes inmediatos, nada garantiza que ocurra.

 

Detengámonos en los aspectos salariales. Mientras desde el gobierno celebran la mejora en el resultado fiscal y el crecimiento de la economía, varios sectores importantes de la población han perdido poder adquisitivo y tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Los números son elocuentes y los ejemplos abundan:

 

- a las maestras que menos ganan (grado 1 con 20 horas), les quitaron $ 2.260 todos los meses (hasta junio de este año), al no haber ajustado su salario por inflación;

- hablan de jerarquizar a la Policía, pero a cada policía ejecutivo le quitaron $ 2.500 por mes, lo que implica casi $ 50 mil en lo que va del período de gobierno. Algo más de un mes de sueldo de un Agente.

 

Son apenas dos ejemplos de esta política económica regresiva que lo único que ha logrado es perjudicar a las grandes mayorías.

 

Pero hay más; el ajuste fiscal también provoca grandes perjuicios a los más necesitados en materia de salud, educación, vivienda, etc. Por ejemplo, los recortes del gasto en medicamentos en ASSE (que representan un 37% en términos reales), sumado al aumento en la cantidad de personas que se atienden en el sistema público, producen un daño terrible a la población.

 

Habíamos logrado mejorar sustancialmente el sistema público de salud y hoy vemos con preocupación el deterioro de una política que desarrollamos durante quince años.

En definitiva, sin derrame y con ajuste fiscal, el crecimiento económico termina siendo algo decorativo que solo beneficia a un pequeño sector de la población.

 

Pobreza e indigencia al alza

Mientras crece la economía (sin derrame ni redistribución) y se instrumenta un feroz ajuste fiscal, las redes de pobreza e indigencia se siguen fortaleciendo. La realidad es que la mayoría de la población recibe menos ingresos o, directamente, ha dejado de percibirlos. Hoy en día miles de familias no alcanzan a completar una canasta básica y quedan por debajo de la línea de pobreza. Un número importantísimo de uruguayos y uruguayas que no pueden cubrir sus necesidades básicas, como el acceder a un plato de comida todos los días. En este grupo no solo se encuentran quienes perdieron la totalidad de sus ingresos, sino quienes sufrieron recortes en salarios y jubilaciones, sectores que no pudieron siquiera volver a los niveles de la pre-pandemia y siguen bancando el ajuste fiscal que se propuso el gobierno para “equilibrar las cuentas públicas”.

 

La pobreza infantil de niños y niñas entre 0 y 6 años -luego de su baja en 2020- volvió a crecer de forma impactante. De 16,1% en el primer semestre de 2021 a 22,5% en esta primera mitad del año. Las excusas fueron varias para justificar las penurias que viven miles de uruguayos. La “herencia maldita”; la pandemia del COVID 19 y sus graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales, fueron algunas. La solución requería un Estado con mayor presencia, pero esa posibilidad brilló por su ausencia.

 

Es poco serio y hasta caricaturesco, que luego de dos años y medio pretendan compararse con la gestión del Frente Amplio, que aplicó políticas diametralmente diferentes de distribución de la riqueza con resultados indiscutibles. Hoy asistimos a un crecimiento sostenido de la economía durante los últimos dos años, acompañado con un aumento de la pobreza y la precarización laboral que tienen como causa principal la inexistencia de políticas redistributivas de ese crecimiento acumulado por una minoría.

 

La ausencia de políticas sociales

El costo social que tendremos al final del camino será muy alto y difícil de recuperar, porque todos estos años perdidos, (beneficiando a un pequeño grupo en perjuicio de las grandes mayorías) ayudará a consolidar los lazos de pobreza y marginalidad. En ese contexto, el desafío será difícil de revertir y requerirá el doble de esfuerzo de lo que se hizo durante los quince años de gobiernos frenteamplistas.

 

 A la pobreza infantil, reconocida por el gobierno como un problema, se le suma la mala gestión que viene realizando el INAU. Durante 2021, no ejecutó la parte que le correspondía de los 50 millones de dólares otorgados en la rendición de cuentas del año anterior, ni tampoco logró convencer sobre los motivos por los que no ejecutó 700 millones de pesos del presupuesto del organismo. Por tanto, al fuerte ajuste fiscal, se le suma la negligente gestión de un organismo mal administrado. Un grave problema que se vuelve más preocupante en un contexto de emergencia social.

 

Del Ministerio de Desarrollo Social, se desconocen los impactos de las transferencias realizadas a través del bono crianza que según informan, habrían llegado a unos 30.000 niños y niñas menores de 4 años. Sin embargo, las políticas sociales de cercanía fueron retiradas del territorio con el argumento de la falta de eficiencia en la gestión de los recursos. La realidad es que miles de familias han quedado sin el apoyo de los equipos especializados que conocían a las personas y podían acompañarlos durante los procesos complejos que deben vivir. Por tanto, el daño que generará esta decisión política es difícil de estimar.

              

El camino equivocado de un gobierno sin respuestas

La evidencia hasta el momento demuestra que las soluciones no van por el camino elegido. La pobreza no se reduce si no se mejoran los pilares del bienestar y, para hacerlo, es necesario redistribuir y asegurar que los hogares más pobres accedan a los beneficios de la recuperación económica.

 

Dato mata relato. Mientras el PBI hasta ahora creció un 7,7% entre los segundos trimestres de 2020 y 2021 y se incrementaron los depósitos bancarios tanto en nuestro país como en el exterior -superando los 9.000 millones de dólares- hubo una fuerte caída anual del consumo que promedió el 5% en todo el país y llegó al 9% del consumo en el comercio minorista. El mercado interno no muestra señales de recuperación.

 

No hay salida de la pobreza sin cambios estructurales en el mundo del trabajo y -sobre todo- sin medidas que generen empleos de calidad para personas no calificadas. Los complejos problemas que se viven a nivel mundial requieren cambios profundos que mejoren los procesos de educación de las nuevas generaciones y que atiendan la capacitación de los adultos para los nuevos desafíos del empleo digno.

 

Claramente, tenemos visiones muy distintas, pero los eligieron a ellos para gobernar.

 

Es hora que se hagan cargo…